Desafío
Los altos índices de deforestación, las prácticas forestales dañinas y la tala ilegal han amenazado la impresionante biodiversidad que existe en el Perú, así como los medios de sustento de las comunidades locales. En promedio, entre el 2005 y el 2015 se perdieron anualmente más de 134.000 hectáreas de cobertura forestal, especialmente en la Amazonía. El 45 por ciento de esta deforestación tuvo lugar en tierras que carecían de personería jurídica. Más de la mitad de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero se producen por los cambios en el uso de la tierra (predominantemente deforestación).
Los bosques brindan una abundancia de bienes y servicios: almacenamiento de carbono, biodiversidad, filtración del agua, mitigación de tormentas, productos maderables y no maderables, alimentación y más. Los pueblos indígenas y comunidades locales (PICL) mantienen una estrecha relación con el bosque, como fuente no solo de sustento sino también de bienestar cultural y espiritual. Aunque los indicadores sociales son bajos para la mayoría de los habitantes de la región amazónica, los pueblos indígenas ostentan los peores índices, desde altos niveles de desnutrición crónica y mortalidad infantil hasta acceso limitado a educación y atención primaria de salud.
Enfoque
El proyecto “Mecanismo de donaciones específico (MDE) para pueblos indígenas y comunidades locales” tuvo por objeto invertir en la creación de condiciones habilitadoras para la sostenibilidad ambiental, la mitigación del cambio climático y la reducción de la pobreza entre los PICL, a través de la promoción de las siguientes iniciativas: (i) protección y reconocimiento legal de las comunidades nativas; (ii) seguridad de la tenencia de la tierra; y (iii) apoyo financiero y desarrollo de capacidades para promover la generación de ingresos y la seguridad alimentaria en las comunidades nativas a través de una gestión forestal sostenible.
Al fortalecer sus derechos a la tenencia de la tierra, los PICL pueden proteger mejor sus tierras y bosques contra la invasión ilegal y desarrollar actividades productivas en silvicultura, turismo, acuicultura u otros emprendimientos generadores de ingresos. En respuesta a la Covid-19, el proyecto reasignó asimismo los ingresos por donaciones para apoyar a los PICL en su respuesta a la pandemia con materiales de comunicación sobre prevención de la Covid-19 y desarrollo y capacitación en protocolos sanitarios.
Resultados
Entre el 2015 y el 2021, el proyecto contribuyó a los siguientes resultados clave:
- Reconocimiento de 253 comunidades nativas, permitiéndoles iniciar el proceso de titulación de sus tierras.
- Demarcación y titulación de 58 comunidades nativas a lo largo de aproximadamente 230.000 hectáreas.
- Financiamiento para 44 subproyectos comunitarios de índole productiva—entre ellos 16 iniciativas lideradas por mujeres—contribuyendo a la sostenibilidad de la gestión forestal y mejorando la seguridad alimentaria y la generación de ingresos en 119 comunidades nativas de la Amazonía peruana. Estas subdonaciones también contribuyeron a: (i) la formalización de las cooperativas y asociaciones, especialmente de mujeres; (ii) la adquisición de licencias y certificados de producción; y (iii) el incremento de la productividad y la promoción de prácticas sostenibles en los negocios comunitarios, al invertir en mejoras a las instalaciones y equipos, capacitación y acceso al mercado.
- Distribución de equipos de protección personal y botiquines de desinfección y primeros auxilios a 400 comunidades; 164 comunidades ubicadas en zonas fuertemente aisladas recibieron asimismo equipos de comunicación radial para ayudarlas a lidiar con las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia de la Covid-19.
- Aprobación por el gobierno del Perú de nueva legislación para simplificar múltiples aspectos de los procesos de reconocimiento y titulación de tierras a favor de las comunidades nativas. La nueva normatividad se aprobó luego de una estrecha coordinación entre el Comité Directivo Nacional (CDN) y las entidades públicas nacionales y regionales competentes. Aprobados a nivel nacional, estos reglamentos establecieron procedimientos estandarizados y aclararon los criterios de evaluación para todas las regiones, agilizando los procesos de reconocimiento y titulación.
Comunidad nativa de Alto San Pascual discute su proceso de reconocimiento legal en la provincia de Satipo, Junín.
Fotografía: Water Aguirre / Banco Mundial (2018)
